La Audiencia Nacional paraliza la apertura de las fosas de la Guerra Civil

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha accedido este viernes a la petición de la Fiscalía de que se paralice la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, han informado fuentes jurídicas.

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«Hubo meses con fusilamientos masivos a diario»

El juez Baltasar Garzón tendrá en breve en sus manos el mapa completo de fosas comunes de la Guerra Civil de la provincia de Granada. Una vez culminada la elaboración de lo que puede denominarse como el atlas de la represión franquista, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica pone ahora a disposición del juez de la Audiencia Nacional los datos de que dispone sobre los años más duros de la reciente historia de España.

La información pormenorizada que Memoria Histórica aporta ahora a Garzón dan detalles de todos los municipios en los que se tiene constancia que hubo fusilamientos y desapariciones y de los parajes concretos en los que se ha constatado que se produjeron.

En total, Memoria Histórica ha recopilado unas 120 fosas comunes en el conjunto de la provincia. Eso es lo que consta en el mapa que la citada entidad ha elaborado tras años de arduo trabajo de investigación. Se trata no sólo del mapa más completo sobre esta materia, sino del único de esta envergadura, ya que ha pretendido reunir en un solo documento el máximo número posible de enterramientos de fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra.

En este elevado número de fosas pudieron enterrarse entre 10.000 y 12.000 personas, según los cálculos de la historiadora Maribel Brenes, que ha sido la piedra angular en la elaboración del citado mapa. Brenes, además, ha sido nombrada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como una de sus asesores en el proceso de exhumaciones que está a punto de abrirse. Sigue leyendo

La orden judicial para abrir la fosa de Lorca llega a Granada

Después de 72 años y dos meses, los restos del poeta y dramaturgo español más universal parecen alejarse del borde de un camino. La orden del juez Baltasar Garzón de exhumar los restos de Dióscoro Galindo y de Francisco Galadí, enterrados junto a Federico García Lorca, llegó este viernes al Decanato de Granada, que eligió el juzgado de Instrucción número 2 para llevar a cabo la exhumación. El antropólogo de la Universidad de Granada Miguel Botella fue avisado. “El problema para hacerlo los próximos días será la lluvia”, comenta.

El fabuloso misterio del paradero del cuerpo del poeta llega a su fin. El relato del enterrador, Manuel Castilla, que condujo al mismo lugar en un espacio de 10 años a dos historiadores que nunca se conocieron entre sí
-Agustín Penón e Ian Gibson-, es la principal fuente de la que parte la investigación. Sigue leyendo

Auto de Garzón, texto íntegro

Podéis descargar, para su lectura y difusión, el auto de Garzón en el que se da respuesta a las distintas denuncias llevadas a cabo por las Asociaciones de Recuperación de Memoria Histórica.

DESCARGAR AUTO GARZÓN

Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la de García Lorca

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para continuar con las investigaciones sobre los desparecidos en la Guerra Civil.

En un auto de 68 páginas, hecho público hoy, asegura que observa delitos “de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”.

El juez ha autorizado la exhumación de 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca a petición de los familiares de las otras dos víctimas fusiladas con el escritor, un banderillero y un maestro de escuela.

Crea un grupo de siete expertos, cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Estos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Garzón argumenta su decisión en que está ante casos similares como el del ‘Nany’ o Publio Cordón, ambos casos de desaparecidos.

Al tratarse de una instrucción por la vía penal, el juez busca a los responsables de la autoría de los crímenes para lo que ha solicitado los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos cargos del Régimen, como el General o Serrano Suñer.

El juez afirma que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional -que encajaría en el delito contra altos organismos de la nación- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, ‘sacas’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.

Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo

La Fiscalía, por contra, considera que la Audiencia Nacional no tiene competencias para admitir a trámite las denuncias presentadas por las asociaciones de memoria histórica.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.

Fuente: Público.es

La UGR remitirá a Garzón una lista con 6.376 víctimas del franquismo

La mitad de las víctimas fueron asesinadas entre 1939 y 1955, en plena posguerra. Aún se desconoce la identidad de 655 de los registrados.

La lista de víctimas del franquismo requerida por el juez Baltasar Garzón a la Universidad de Granada documenta la muerte de 6.376 personas entre 1936 y 1955 en la provincia, entre las cuales figuran 655 cuya identidad se desconoce.

Esta lista ha sido elaborada por un grupo de historiadores a requerimiento del rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, quien ha apuntado hoy que remitirá el documento a la Audiencia Nacional previsiblemente la semana que viene.

El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y miembro del grupo de investigadores responsable de la redacción del informe, Rafael Gil Bracero, ha informado de que en el documento se establece la identidad de las víctimas, su profesión y las circunstancias de su muerte.

Además, ha precisado que de las personas que integran la relación, aproximadamente la mitad fue fusilada durante la Guerra Civil, y la otra mitad desde 1939 hasta 1955. La mitad de las condenas a muerte decretadas justo después de la guerra se conmutaron por penas de prisión perpetua a partir de 1945.

“Muchos de los presos republicanos vivieron durante años sabiendo que estaban condenados a morir, aunque finalmente la presión internacional ayudó a la concesión de indulto o a conmutar la pena”, ha explicado.

Gil Bracero ha adelantado que, de manera paralela al procedimiento de la Universidad de Granada, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará el próximo lunes a la Audiencia el mismo listado de víctimas acompañado de un estudio que “ayuda a explicar el estado de terror que existió durante el franquismo”.

En dicho informe, la asociación incluye un mapa de fosas comunes que registra un total de 120 repartidas en toda la provincia, en la mayoría de los casos coincidentes con el espacio de los cementerios municipales.

Fuente: Publico.es