La Fiscalía de Granada pide a la Audiencia que le deje abrir la fosa de Lorca

La Fiscalía de Granada ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial para que revoque la decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Granada de no asumir la causa de las exhumaciones de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca.

En su escrito, el Ministerio Público pide a la Audiencia que deje sin efecto la resolución del juzgado granadino y declare el partido judicial de Granada “competente” para el conocimiento de los hechos acaecidos en su ámbito territorial.

Este recurso se produce después de que la titular de este juzgado rechazara la inhibición propuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en contra del informe emitido por la propia Fiscalía, que consideraba que sí era competente para asumir la instrucción de los hechos ocurridos en las localidades de Víznar y Alfacar, donde estaría la fosa con los restos de Lorca.

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Baltasar Garzón se inhibe en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales

Apenas un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, hoy ha decidido remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.

En un auto de 152 folios (pdf), el juez de la Audiencia Nacional acuerda además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.

Eleva también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia “hasta que gane firmeza” la inhibición acordada.

Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

Así, los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son: A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza

También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

El magistrado da este paso tras incorporarse ayer al juzgado tras permanecer dos semanas de baja médica y después de que el Pleno de la Sala de lo Penal paralizara, a instancias de la Fiscalía, las exhumaciones a las que dio el visto bueno Garzón tras declarase competente, decisión que afectó a la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca , entre otras.

Fuente: Público

La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a interponer un recurso ante lo que calificó de “inhumana” decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista dentro de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón.

La Sala de lo Penal de la Audiencia tomó la decisión en un pleno extraordinario celebrado el viernes a petición de la Fiscalía, informaron fuentes judiciales, y votó por 10 a 5 paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.

“La ARMH interpondrá un recurso porque el fiscal de la Audiencia ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento al no avisar a las partes y generarles indefensión”, dijo un comunicado difundido tras la decisión judicial.

“Se trata de alargar la tortura de han padecido estas familias desde que sus seres queridos fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer”, agregó el comunicado, en el que señaló que la asociación baraja una movilización de los familiares de los fallecidos para pedir justicia. Sigue leyendo

La Audiencia Nacional paraliza la apertura de las fosas de la Guerra Civil

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha accedido este viernes a la petición de la Fiscalía de que se paralice la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, han informado fuentes jurídicas.

La orden judicial para abrir la fosa de Lorca llega a Granada

Después de 72 años y dos meses, los restos del poeta y dramaturgo español más universal parecen alejarse del borde de un camino. La orden del juez Baltasar Garzón de exhumar los restos de Dióscoro Galindo y de Francisco Galadí, enterrados junto a Federico García Lorca, llegó este viernes al Decanato de Granada, que eligió el juzgado de Instrucción número 2 para llevar a cabo la exhumación. El antropólogo de la Universidad de Granada Miguel Botella fue avisado. “El problema para hacerlo los próximos días será la lluvia”, comenta.

El fabuloso misterio del paradero del cuerpo del poeta llega a su fin. El relato del enterrador, Manuel Castilla, que condujo al mismo lugar en un espacio de 10 años a dos historiadores que nunca se conocieron entre sí
-Agustín Penón e Ian Gibson-, es la principal fuente de la que parte la investigación. Sigue leyendo

Garzón ordena abrir 19 fosas de la Guerra Civil, incluida la de García Lorca

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para continuar con las investigaciones sobre los desparecidos en la Guerra Civil.

En un auto de 68 páginas, hecho público hoy, asegura que observa delitos “de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”.

El juez ha autorizado la exhumación de 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca a petición de los familiares de las otras dos víctimas fusiladas con el escritor, un banderillero y un maestro de escuela.

Crea un grupo de siete expertos, cinco de ellos que propondrán las partes y dos el Juzgado y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos. Estos tendrán que analizar el número y lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Garzón argumenta su decisión en que está ante casos similares como el del ‘Nany’ o Publio Cordón, ambos casos de desaparecidos.

Al tratarse de una instrucción por la vía penal, el juez busca a los responsables de la autoría de los crímenes para lo que ha solicitado los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos cargos del Régimen, como el General o Serrano Suñer.

El juez afirma que el delito de desapariciones permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy si no se ha dado razón del paradero. Es competencia de la Audiencia Nacional dado que el juez considera que todo comenzó con el alzamiento nacional -que encajaría en el delito contra altos organismos de la nación- delito que no ha prescrito porque está conexo con el de las desapariciones forzosas, que arrastra al otro.

Las denuncias fueron presentadas desde julio de 2007 por 22 asociaciones de memoria histórica y diez particulares que solicitan una investigación sobre las desapariciones, ‘sacas’, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho Internacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.

De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.

Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo

La Fiscalía, por contra, considera que la Audiencia Nacional no tiene competencias para admitir a trámite las denuncias presentadas por las asociaciones de memoria histórica.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.

Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.

El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.

Fuente: Público.es